Tartagal / Lugareños quieren impedir desmontes
Sigue sin solución el conflicto en Caraguatá

La justicia dispuso que 30 policías cuiden el campo ubicado a 80 kilómetros al Este de Tartagal.

Cristina Carrazán
El Tribuno

Una dotación de unos 30 policías dirigidos por el jefe de la Comisaría 42 de Tartagal y otros oficiales permanecen desde hace 10 días en la finca Caraguatá, ubicada a unos 80 kilómetros al Este de Tartagal, dando cumplimiento a una medida ordenada por el juez de instrucción Nelson Aramayo.

La medida se adoptó luego que aborígenes y criollos que residen en esa alejada e inhóspita zona del Chaco salteño -perteneciente al municipio de Tartagal- ingresaron a un establecimiento privado, produjeron destrozos en las alambradas y rompieron varias estructuras ya instaladas al igual que sucediera meses atrás.

La enorme finca, de unas 27.000 hectáreas, está siendo acondicionada para desarrollar actividades productivas como la agricultura y la ganadería.

Los administradores del establecimiento agropecuario, cuyos propietarios no son del lugar, denunciaron los desmanes y la Justicia intervino ordenando la custodia permanente.
Los aborígenes y los criollos se oponen a la tala del bosque de toda esa zona reclamando derechos ancestrales y la protección del monte nativo, su único medio de vida.

No existen registros de cuándo llegaron los pueblos aborígenes a ocupar ese lugar, aunque se cree que la oleada se produjo luego que fueran expulsados por otros grupos de indígenas más belicosos varios siglos atrás.

En el caso de los criollos, residen en ese lugar desde hace décadas; muchos de ellos tienen documentos que indican que nacieron en Finca Caraguatá, como se identifica toda esa zona del bosque chaqueño donde se dedican a la cría de ganado.

Para los aborígenes es vital que el monte permanezca lo menos alterado posible, ya que a 80 kilómetros de un lugar poblado y en pleno monte, sólo pueden recurrir a la miel, los animales silvestres que cazan y los peces de los cursos de agua cercanos para proveerse de alimentos.

En invierno requieren de la madera del monte para preparar sus alimentos y una fuente de calor, ya que si algo caracteriza al monte chaqueño son sus impiadosos veranos con temperaturas de más de 50 grados y sus crudos inviernos.
Los grupos ancestrales que habitan esa región son de la etnia wichí, cazadores y recolectores por idiosincrasia.

En los días en que la primera comisión policial permaneció en la zona “ningún criollo ni aborigen volvió por la finca. Pero no descartamos que una vez que el personal regrese a Tartagal puedan tomar la misma medida a pesar que estamos haciendo todo lo posible para evitarlo”, advirtió Apace.

“Sin duda que es un tema muy delicado de resolver. Mientras esto sucede la policía debe cumplir la orden judicial y tomar medidas para que los delitos que se cometieron en perjuicio de la finca no se repitan”, dijo el jefe policial.

La seguridad, afectada

El propio jefe de la comisaría 42 de Tartagal, Rubén Apace, relató que tuvo que movilizar a 30 de sus efectivos hacia esa zona “dando cumplimiento a la orden impartida por el juez Nelson Aramayo. El personal cumplió a pesar de las duras condiciones el monte impone para permanecer allí. Esto requiere además de toda una apoyatura logística, porque hay que trasladar víveres, mantas y elementos de campaña para que los efectivos puedan permanecer en el lugar”.

“Esto afecta además el funcionamiento de todas las dependencias de la zona, por la cantidad de efectivos que están afectados para cumplir la orden judicial”, dijo Apace.
Una de las consecuencias inmediatas fue que “se debió recargar a todo el personal que queda en las dependencias de Tartagal y otras aledañas, de manera que de trabajar 8 horas pasaron a cumplir turnos diarios de 16 horas”, relató el comisario. “Las dependencias de las que se tomó el personal para hacer esta custodia en el monte no quedaron sin personal, sino que los efectivos están recargados en sus horarios”, explicó el jefe policial.

Cabe recordar que Tartagal, junto a otras localidades aledañas, registran uno de los índices más altos de violencia y concentra los mayores esfuerzos de la Policía para controlar y reprimir delitos como robos, hurtos y asaltos que se producen aún en pleno dentro de la ciudad y en horarios de actividad comercial y escolar.

Viviana E. Figueroa-Miski Mayu

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