ONU: Continuamos defendiendo la madre tierra
Actualidad Étnica, Naciones Unidas, 22 de mayo.- El secretario general
de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Lisardo Domicó,
intervino a nombre de los indígenas colombianos en el VI Foro
permanente de Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas, realizada
el pasado 17 de mayo. En su intervención, Domicó denunció que la
política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez “es de desconocimiento y
exterminio de los pueblos indígenas y está encaminada a adecuar el país
a los imperativos del libre comercio”.
Dicha política se expresa en la división normativa de los territorios
indígenas, la suspensión de los procesos de titulación de tierras, la
implementación de grandes proyectos de integración, la implementación
inadecuada de la consulta previa, la militarización de los territorios
indígenas y la violación de los derechos fundamentales y a la vida de
sus habitantes.
Por tales razones, pidió una urgente visita del Relator Especial a
nuestro país para que verifique el cumplimiento de las recomendaciones
de la ONU y exija soluciones concretas a la crisis humanitaria de sus
pueblos.
Según la ONIC, las siguientes fueron sus palabras: Buenos días, Señora
Presidenta y demás miembros del Foro Permanente y distinguidos
participantes de esta sesión. Voy a hacer una declaración conjunta de
la ONIC, CONIP, CECOIN, CRIC, OIA, OIK, Fuerza de Mujeres, Wayúu.
A pesar de que la normatividad colombiana reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural del país, la política del gobierno de
Álvaro Uribe Vélez es de desconocimiento y exterminio de los pueblos
indígenas y está encaminada a adecuar el país a los imperativos del
libre comercio lo cual se manifiesta en los siguientes puntos:
1° Teniendo en cuenta que, según lo señala la Constitución Política de
Colombia, los territorios indígenas son inembargables, inenajenables e
imprescriptibles, el gobierno acude a dividir “normativamente” el
territorio, para mercantilizar cada uno de sus componentes: forestal,
agua, biodiversidad, etc.
2° En segundo lugar, aparece la suspensión de los procesos de
titulación de tierras, manifestado en la progresiva disminución del
presupuesto para compras de tierras destinadas a comunidades indígenas.
Si bien, los indígenas poseemos aproximadamente 31 millones de
hectáreas, también es cierto que la mayor extensión tienen la vocación
de conservación y no son aptas para la agricultura.
A lo anterior se suma el Proyecto de Ley de Desarrollo rural, de
iniciativa gubernamental, que pretende frenar y desconocer los derechos
territoriales de los pueblos indígenas.
3° Constituye una gran amenaza la Iniciativa de Integración de
Infraestructura de Suramérica IIRSA. Las entidades financieras, como el
BID, que suministran los recursos para estas obras, están permitiendo
que el gobierno Colombiano eluda sus propias políticas operativas,
sobre todo las referidas a la consulta previa y exigencias ambientales.
4° A pesar de que existen instancias de concertación, todos los
procesos de licenciamiento ambiental que se refieren a los pueblos
indígenas en materia de recursos naturales se han realizado sin cumplir
adecuadamente los procesos de consulta previa, consagrado en el
Convenio 169 de la OIT, y demás normas sobre la materia.
5. Así mismo, los derechos humanos de los pueblos indígenas también
están en cuestión debido a la agresión y la política de “Seguridad
Democrática” del actual gobierno colombiano, por ejemplo a través de la
militarización de los territorios indígenas. Como si eso fuera poco, el
confeso paramilitar Salvatore Mancuso, responsable de la desaparición
de nuestro hermano embera Kimi Pernía, ha declarado ante la Fiscalía
que el paramilitarismo es una política de Estado.
En medio de esta política, estatal y paraestatal, desde del 2002 al
2006, se registraron 584 asesinatos de indígenas por motivos políticos
o sociales, es decir una cifra de 146 líderes indígenas asesinados cada
año. Otras violaciones, como las desapariciones forzadas (101 en el
último cuatrienio), detenciones arbitrarias, desplazamientos por la
violencia y el confinamiento forzoso también han aumentado.
Finalmente Señora Presidenta: Por todo lo anterior, estamos solicitando
a los miembros del Foro y al ECOSOC que recomienden al Estado
colombiano, que garantice la vida, territorio y dignidad de los pueblos
indígenas, tomando en cuenta el convenio 169 de la OIT en su desarrollo
pleno, y sobre todo sus artículos en la Parte II sobre el derecho al
territorio. Asimismo, que implemente las normas establecidas en la
Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Teniendo en cuenta que la ONIC y demás organizaciones indígenas de
Colombia, hemos llevado a cabo la “Misión Internacional de Verificación
de los Pueblos”, en septiembre 20 al 30 de 2006, la cual reportó la
conclusión general de que el gobierno colombiano, no ha cumplido con
las recomendaciones del Relator Especial, solicitamos que el Foro
Permanente inste a dicho Relator, a que realice una pronta visita de
seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, con miras a exigir
al Estado Colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la
situación de nuestros pueblos, y en particular sobre las
recomendaciones números 95 y 108 sobre la consulta previa y los
megaproyectos en territorios indígenas•
