Argentina: campesinos y ambientalistas reclaman frente a empresa rosarina que pare desmontes

“Cuando intentamos cruzar al monte, nos amenazan con tiros al aire. Además, los policías matan nuestros animales, se los comen y después venden sus cueros. Nosotros escuchamos desde el pueblo el grito de las cabras cuando ellos las matan”

Comunicado de Prensa

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ROSARIO, 3 de mayo de 2007 – Campesinos del pueblo santiagueño de Algarrobal Viejo y del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) viajaron hasta Rosario y junto a activistas del Taller Ecologista y de Greenpeace realizaron una protesta frente las oficinas de la empresa Rumbo Norte S.A. para que detenga los desmontes en su campo.

Dante Luna y Gregorio Abregú, habitantes de Algarrobal Viejo, junto a Guido Corvalán y Nelly Veliz, presidente y vice del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), recorrieron muchísimos kilómetros para protestar frente a las oficinas que la empresa Rumbo Norte S.A. tiene en esta ciudad, y acompañados por activistas de Greenpeace y del Taller Ecologista, desplegaron un cartel que reclamaba “Rumbo Norte: no destruyas nuestros bosques”.

Algarrobal Viejo es un paraje ubicado en el límite entre Santiago del Estero y Salta; sus pobladores son muy humildes, viven del monte y crían animales, como cerdos, gallinas y cabras. Pero gran parte del pueblo está a punto de desaparecer debido a una solicitud de desmonte por 13.260 hectáreas, que estaría próxima a ser autorizada por la provincia de Salta a la empresa rosarina Rumbo Norte SA.

“Vinimos hasta las oficinas de Rumbo Norte porque estamos a punto de perder nuestras tierras de uso comunitario. Nosotros sin el bosque no tenemos futuro. ¿Dónde vamos a criar nuestros animales? ¿Adónde vamos a ir con nuestros hijos?”, se preguntó Gregorio Abregú, vecino de Algarrobal Viejo.

Hace seis meses que la empresa Rumbo Norte S.A. alambró los terrenos de la finca “El Suncho” y solicitó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta el permiso para desmontar la zona e iniciar una explotación agropecuaria. Además, la empresa donó un trailer para que la policía salteña custodie la zona. Desde entonces, los campesinos mpezaron a denunciar que los agentes no los dejaban pasar y que les robaban sus animales. Como protesta, resolvieron trasladar el trailer hasta territorio santiagueño “aprovechando la momentánea ausencia de policías” asegurando que allí estaban los cueros como pruebas del robo de animales. Ocho de los campesinos fueron detenidos durante nueve días y luego liberados. Ahora, la Justicia salteña les inició proceso por “robo agravado y amenazas”.

“Cuando intentamos cruzar al monte, nos amenazan con tiros al aire. Además, los policías matan nuestros animales, se los comen y después venden sus cueros. Nosotros escuchamos desde el pueblo el grito de las cabras cuando ellos las matan”, aseguró Abregú.

El campo El Suncho está ubicado en la frontera entre Santiago del Estero y Salta, y fue el centro de un conflicto limítrofe entre esas dos provincias que se zanjó cuando la última dictadura militar decidió en 1979 ubicar la mayor parte de su superficie en Salta. Eso nunca se consultó ni comunicó a los campesinos, sus pobladores originales, que ahora se ven privados de utilizarlo y ven el futuro del monte amenazado por las topadoras.

“La situación que se vive en Algarrobal Viejo es muy similar a la de muchísimos otros pueblos de nuestro país. Con los desmontes, cientos de campesinos e indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Es por eso que necesitamos que de manera urgente el Senado apruebe la Ley de Bosques”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo es apoyada por varias organizaciones como Greenpeace, El Taller Ecologista, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA), la Federación Agraria Argentina y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), y establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos que garantice el uso sustentable de los mismos. Además, la norma prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

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