Colombia:
El Turbión, 28 de mayo.- En la Universidad Pedagógica Nacional, el
Consejo Académico decretó arbitrariamente la cancelación del semestre,
aduciendo que el bloqueo del acceso a ingreso a algunos edificios y el
campamento de los estudiantes en el campus vulneraban “los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política”.
Dicha medida es contraria al querer de la comunidad universitaria,
manifestada en las multitudinarias asambleas, en la participación
activa de las organizaciones de estudiantes, profesores, empleados y
trabajadores en el movimiento e, incluso, en los pronunciamientos de
varias facultades, que saludaban la organización y responsabilidad
evidenciadas en la protesta.
El escueto comunicado del Consejo Académico no hace referencia a las
verdaderas causas de la movilización ni cita argumentos relacionados
con el calendario académico, pues, en los distintos escenarios de la
comunidad académica, se ventilaron varias opciones que hubiesen
permitido el cumplimiento de las obligaciones curriculares sin
perjudicar a los estudiantes.
Sin embargo, parece haberse impuesto el cumplimiento de órdenes
superiores. La comparecencia de algunos decanos frente al profesorado
evidenció que no había ninguna intención de escuchar a la comunidad
académica. Aunque afirmaron que se habían abierto “todos los espacios
posibles de diálogo”, primó el criterio de imponer por la fuerza la
“paz social” que tanto requiere el primer mandatario en estos días
aciagos, ahogando la expresión de un movimiento universitario unificado
y fortalecido.
A esta hora, el rechazo a la medida ha calentado los ánimos en la UPN y
ha generado un campamento de unos 500 estudiantes que se mantendrán
apostados al interior de la universidad para evitar el cierre
definitivo de esta casa de estudios. De la misma manera, han declarado
estar dispuestos a seguir adelante con la lucha contra el Plan Nacional
de Desarrollo, hasta que sean derogados los numerales 32 y 38 de la
norma, denunciado el contenido lesivo de estos contra el derecho a la
educación del pueblo colombiano•
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Colombia: URRA se niega a cumplir los compromisos pactados
Cabildos Mayores del Río Verde y Río Sinú, Iwagadó, 23 de mayo.- En
recientes días la empresa URRA S.A. está gestionando la certificación
de calidad de sus servicios con el iso 9000 en la perspectiva de ganar
elementos de competitividad en el mercado internacional.
Resulta irónico que reclame reconocimiento de calidad sustentándose
entre otras cosas en las inversiones sociales realizadas como parte de
su responsabilidad social con las comunidades afectadas por el
megaproyecto hidroeléctrico que gerencia.
Mientras muestra ante la opinión pública local y ante las entidades
certificadoras una imagen de bondad y gerencia social eficiente, la
verdad es que difícilmente cumple con las obligaciones establecidas por
las medidas legales instauradas por nuestros cabildos hace ya varios
años, nuestras movilizaciones y acciones de presion.
Después de la asamblea permanente realizada en el 8 de abril de 2005 se
obligó a la empresa URRA, S.A. a cofinanciar la ejecución del plan de
vida de las comunidades surgido de un autodiagnóstico comunitario, como
parte de las acciones de reparación, toda vez que ya se han surtido las
medidas de mitigacion de los impactos causados por el megaproyecto en
nuestros territorios, nuestra cultura y nuestra forma de vida.
En uso de su ya tradicional actitud autoritaria, unilateral e
irrespetuosa la gerencia de la empresa insiste en establecer un canon
presupuestal destinable únicamente para las acciones que considera
acordes con su concepción del desarrollo social y productivo para
nuestras comunidades.
Señala sin vergüenza alguna que el plan de vida de los Cabildos Mayores
de Río Verde y Río Sinú no obedece a los intereses de las comunidades.
Toda vez que el plan de vida en forma digna plantea mecanismos de
fortalecimiento de la autosostenibilidad. Después de haber sido
destruidas nuestras prácticas tradicionales de pesca y cacería, URRA
pretende que desarrollemos acciones que fomenten la dependencia, la
sumisión y el acatamiento. Quién sabe con qué intereses.
Pero no solo pretende enmarcar nuestro plan de vida a su limitada
comprensión del daño causado sino que levantan la voz gritando que no
están dispuestos a concertar porque sus decisiones son indiscutibles y
nuestros planteamientos son ilegítimos e injustificados.
Igualmente sostienen que los aspectos de orden social y cultural
afectados por la hidroeléctrica no son de su responsabilidad; la
identidad cultural agrietada que puede repararse mediante acciones de
educación bilingüe no son de su competencia, medidas contra vectores
que se reproducen en la represa tampoco lo son ni mucho menos las
relacionadas con la calidad del agua.
En su perspectiva pretenden que las medidas de reparación en los
aspectos sociales y culturales sean miíimas y nunca desarrolladas por
los cabildos y sus comunidades como sujetos activos. Por el contrario,
en coherencia con su tesis de la dependencia y la sumisión, son las
entidades territoriales las únicas llamadas a hacer las acciones de
salud y educación para los embera.
Solicitamos a todos los amigos de nuestro proceso, a los defensores de
los derechos humanos, a los garantes de los compromisos pactados en los
acuerdos del 8 de abril del 2005, a los hombres y mujeres que luchan
contra los megaproyectos y la privatizacion de las aguas y del aire, a
las demás organizaciones indígenas que se pronuncien ante la empresa
URRA:
. Por la dignidad de los pueblos indígenas en lucha por sus territorios
y recursos naturales.
. Por la obligación de la concertación en materia de inversiones
sociales y públicas.
. Por la legitimidad de los presupuestos participativos y
. Por la implementacion de medidas de reparación de los daños sociales
y culturales causados por el megaproyecto hidroeléctrica URRA S.A.
Únanse a nosotros en un mismo pronunciamiento ante la gerencia de la
empresa hidroeléctrica URRA S.A. escribiendo a sus correos electrónicos
y enviando oficios a sus telefax:
melbamaldonado@hotmail.com
